QUE DEJEN A LOS NIÑOS EN PAZ
Sudán del Sur será una nación independiente a partir de julio, luego de que los pobladores votaran favorablemente el referendo que daba vía libre a este nuevo país, que ya cuenta con el apoyo de varias naciones del mundo.
La comunidad internacional calificó ayer de “éxito” el referéndum por la independencia en el sur de Sudán y felicitó a la comisión organizadora por los resultados que permitirán a esta región convertirse en estado en julio.
La Unión Africana, la Unión Europea, la Liga Árabe, Naciones Unidas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Egipto, Kenia y Uganda son algunos de los firmantes de un comunicado que se hizo público ayer y que avala el resultado del referéndum por la independencia en el sur de Sudán.
El 98,83 por ciento de los sudaneses originarios del sur votaron a favor de la independencia en enero en unos comicios que recibieron el visto bueno de los observadores internacionales.
Dos días después de que la Comisión Electoral hiciera públicos los resultados y de que éstos recibieran el beneplácito del presidente de Sudán, Omar al Bachir, la comunidad internacional certifica que el proceso de votación fue “creíble, pacífico y de acuerdo con los estándares internacionales”.
El documento insta al gobierno de Jartum y al futuro ejecutivo de Yuba a “redoblar los esfuerzos para llegar a acuerdos” en las cuestiones que deberán debatirse tras el referéndum.
“El estatus de Abyei tiene que resolverse de forma que se respeten los derechos y los intereses de las poblaciones afectadas”, reza el comunicado en referencia a la provincia fronteriza de Abyei, cuyo estatus debía votarse en un referéndum que se aplazó sine die.
Las provincias del Nilo Azul y del Kordofán del Sur también deberán votar si quieren pertenecer al Sudán del sur o al del norte y la comunidad internacional insistió ayer en la importancia de que haya consenso a la hora de fijar la frontera.
Ponerse de acuerdo en cuestiones de seguridad, ciudadanía, tratados internacionales y la economía permitirá, según la comunidad internacional, que Jartum y Yuba puedan “sentar las bases para dos estados estables, seguros y prósperos que podrán convivir en paz”.
El comunicado pide también que ambas partes respeten el Acuerdo Amplio de Paz (CPA en sus siglas en inglés), que en 2005 puso fin a 22 años de guerra civil entre el norte y el sur.
NUEVA FROTILLA , OTRO DESAFÍO A ISRAEL
La nueva flotilla multinacional que se prepara para llegar a Gaza a finales de mayo próximo será mayor que la anterior y espera romper por mar el bloqueo israelí a la franja palestina, según dijeron en Dakar miembros de la Coalición Flotilla de la Libertad.
“Habrá dos o tres barcos grandes, seremos más de mil”, escoltados por decenas de embarcaciones con banderas nacionales, dijo Vangelis Pissias de la organización griega “Ship to Gaza”, quien junto con el francés Tomas Sommer de “Un Bateau Français pour Gaza”, pidieron apoyo en el Foro Social Mundial que se celebra en Dakar, donde participan más de mil organizaciones de todo el mundo.
Ambos participaron en la Flotilla organizada por una organización turca que el año pasado fue repelida por efectivos israelíes, resultando 9 muertos y decenas de heridos de la misión humanitaria, en una operación en la que Israel “actuó con una arrogancia intolerable”, dijo Pissias.
Lamentó que aunque muchos países e instituciones y organizaciones internacionales, como el Parlamento Europeo y la ONU condenaron el ataque israelí, “cuando se trata de Israel siempre hay impunidad”.
Habrá resistencia pacífica
Como griego y mediterráneo, Pissias dijo que “es intolerable tener en esa parte del mundo un campo de concentración” o, según Sommer, la “mayor prisión” del planeta, con 1,5 millones de habitantes.
Ambos activistas, junto con el sueco Delan Wentagen, señalaron que tienen más apoyo en la preparación de esta flotilla que en la anterior y que “la gente está más dispuesta a contribuir” a enviar otra misión humanitaria a Gaza.
“Vamos a romper el bloqueo, si conseguimos una coalición internacional fuerte podremos desbloquear Gaza”, dijo el activista sueco al explicar que “resistiremos pero no con armas porque si lo hiciéramos así seríamos aplastados por la propaganda israelí”.
Por su parte, Sommer dijo que en esta ocasión la coalición quiere tener un gran apoyo popular mediante campañas masivas a nivel local e internacional.
Los tres activistas insistieron en que se trata de una acción humanitaria y pacífica.
“Sabemos que habrá peligro. Buscamos un enfrentamiento no violento con el agresor”, dijo Pissias, al subrayar que “pedimos que se respeten las resoluciones de la ONU” sobre el pueblo palestino.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que chicos de tan sólo 13 años son reclutados como soldados por oficiales del Ejército Nacional de Chad y grupos armados y pide el fin de esta práctica.
En un comunicado divulgado en Londres, la organización defensora de los derechos humanos señala que varios menores de edad en Chad y Darfur han relatado cómo fueron obligados a unirse a estos grupos.
“Es trágico que a miles de niños se les prive de su infancia y son manipulados por adultos para luchar en estas guerras. No se debe permitir que continúe este escandaloso abuso infantil”, ha señalado el director del programa para África de AI, Erwin van der Borght.
“El Gobierno chadiano -y los grupos armados chadianos y sudaneses que operan en el este de Chad- deben detener inmediatamente el reclutamiento y uso de niños menores de 18 años y liberar a todos los niños de las filas”, agregó.
Hasta medio millón de personas viven en campos de refugiados en el este de Chad después de verse obligados a huir de sus hogares debido a la violencia, recuerda AI.
De estos campos se han reclutado niños, ya que los residentes tienen poco acceso a la educación, pocas oportunidades de empleo y en muchos casos han perdido parientes y amigos en el conflicto.
AMENAZA EXACERBAN ÁNIMOS
Tras la advertencia del vicepresidente egipcio, Omar Suleiman, de que el país no resiste por más tiempo el levantamiento y que las fuerzas armadas deberán reprimir las protestas para salvaguardar la institucionalidad, los opositores se mostraron más violentos.
Miles de trabajadores iniciaron huelgas el miércoles en firmas y oficinas estatales en todo Egipto, mientras activistas antigubernamentales buscaban ampliar sus protestas y provocar conflictos laborales en respuesta a la advertencia del vicepresidente de que las manifestaciones, por la renuncia del presidente Hosni Mubarak, no serían toleradas por mucho tiempo más.
Los esfuerzos del vicepresidente Omar Suleiman para iniciar un diálogo con los manifestantes sobre las reformas fracasaron luego del fin de semana. Los organizadores juveniles de las protestas temen que el gobierno quiera efectuar cambios superficiales e insuficientes y se niegan a negociar antes de la renuncia de Mubarak.
Indignación por declaraciones
En un alarde de impaciencia creciente, el vicepresidente Suleiman emitió una advertencia enérgica que suscitó temores de represión. Dijo a los directores de diarios egipcios el martes por la noche que podría haber un “golpe” si los manifestantes se negaban a negociar.
Insinuó que Egipto no estaba preparado para la democracia y dijo que una comisión integrada por jueces, en su mayoría leales a Mubarak, presentaría su proyecto de reforma constitucional para someter a referendo.
La declaración acentuó el escepticismo generalizado en cuanto a sus intenciones.
“Amenaza con imponer la ley marcial, lo cual significa que aplastarán a todos en la plaza”, dijo Abdul-Rahman Samir, vocero de una coalición de los cinco principales grupos juveniles que organizan las protestas en la plaza Tahrir. “¿Pero qué hará con el resto de los 70 millones de egipcios que nos seguirán?”, agregó.
Suleiman está generando “una situación desastrosa”, dijo Samir. “Estamos en huelga y protestaremos y no negociaremos hasta que Mubarak renuncie. Quien quiera amenazarnos, que lo haga”, añadió.
CERCADO DEL PARLAMENTO
Casi 10.000 personas se concentraron en Tahrir ayer, en el decimosexto día de las protestas. A pocas cuadras, otras 2.000 cerraron los accesos al parlamento y exigieron su disolución. Efectivos militares se apostaron en los jardines.
Por primera vez, los manifestantes convocaron enérgicamente a realizar huelgas, a pesar de la advertencia de Suleiman de que los llamados a la desobediencia civil son “muy peligrosos para la sociedad y no podemos tolerarlos en absoluto”.
En todo el país estallaron huelgas —de algunos centenares de personas en cada caso— de trabajadores de la electricidad, agricultores y empleados de museos, en protesta por los bajos salarios, la escasez de pan o la corrupción de los administradores.
La mayoría de las medidas no parecían responder a las convocatorias desde la plaza Tahrir sino al malestar obrero que emergía en medio del alzamiento generalizado, pero algunos huelguistas amenazaron con plegarse al movimiento centrado en Tahrir.
CON LOS ÁNIMOS EXALTADOS.
Unos 8.000 manifestantes en la provincia austral de Assiut bloquearon la carretera principal y el tren a El Cairo con troncos de palmera encendidos para reclamar por la escasez de pan y exigir la caída del régimen.
Cuando el gobernador, escoltado por la Policía, fue a hablar con ellos, apedrearon su vehículo y le rompieron las ventanillas antes de que pudiera huir. Los manifestantes dijeron que se unirían al movimiento en Tahrir.
Unos 300 habitantes de barrios pobres de Port Said, sobre el Canal de Suez, incendiaron partes de la gobernación y varias motos en protesta por la falta de viviendas dignas. La Policía no intervino y los manifestantes se instalaron en la Plaza de los Mártires con carpas similares a las de Tahrir.
En El Cairo, cientos de trabajadores se concentraron frente a la compañía eléctrica estatal para exigir la renuncia del director, coreando, “por qué sigues ahí, arruinaste nuestras vidas”. Decenas de empleados de museos se concentraron frente al Consejo Supremo de Antigüedades y rodearon agresivamente a su titular Zahi Hawass cuando salió a hablar con ellos.
jueves, 10 de febrero de 2011
lunes, 7 de febrero de 2011
conflictos resueltos
Resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-israelí
Son numerosas las resoluciones de Naciones Unidas que afectan al conflicto árabe-israelí, emitidas tanto por el Consejo de Seguridad como por la Asamblea General . Las resoluciones de la Asamblea son no vinculantes; las resoluciones del Consejo de Seguridad se han dictado en virtud del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas siendo el Capítulo VII prácticamente el único que permite la adopción de resoluciones vinculantes, en interpretación literal de la Carta. La corte internacional de justicia, en una opinión consultiva no vinculante (pero que, como todas las resoluciones de la CIJ, es jurisprudencia internacional) acerca de Nabivia, de 21 de junio de 1971, interpretó que, en base a los artículos 24,2 y 25 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene poderes generales, por lo que éste puede adoptar decisiones obligatorias al margen del Capítulo VII (véanse párrafos 108 y ss. de la opinión, especialmente el 113). Sin embargo, muchos expertos legales y diferentes personas y organismos, interpretando literalmente la Carta, tienen la opinión, de nulo valor jurídico, de que estas resoluciones del Consejo de Seguridad, al adoptarse al margen del Capítulo VII, no tienen carácter vinculante.
Son numerosas las resoluciones de Naciones Unidas que afectan al conflicto árabe-israelí, emitidas tanto por el Consejo de Seguridad como por la Asamblea General . Las resoluciones de la Asamblea son no vinculantes; las resoluciones del Consejo de Seguridad se han dictado en virtud del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas siendo el Capítulo VII prácticamente el único que permite la adopción de resoluciones vinculantes, en interpretación literal de la Carta. La corte internacional de justicia, en una opinión consultiva no vinculante (pero que, como todas las resoluciones de la CIJ, es jurisprudencia internacional) acerca de Nabivia, de 21 de junio de 1971, interpretó que, en base a los artículos 24,2 y 25 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene poderes generales, por lo que éste puede adoptar decisiones obligatorias al margen del Capítulo VII (véanse párrafos 108 y ss. de la opinión, especialmente el 113). Sin embargo, muchos expertos legales y diferentes personas y organismos, interpretando literalmente la Carta, tienen la opinión, de nulo valor jurídico, de que estas resoluciones del Consejo de Seguridad, al adoptarse al margen del Capítulo VII, no tienen carácter vinculante.
domingo, 6 de febrero de 2011
CONFLICTO NO RESUELTO
La tensión ha acabado produciendo un desbordamiento de la violencia en el Sáhara Occidental, un territorio cuyo estatuto definitivo está aún por definir aunque la Comunidad Internacional muestra desde hace casi dos décadas una escasa voluntad de lograrlo.
El surgimiento de un campamento de protesta en las proximidades de El Aaiún, la capital del territorio, y la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes para desmontarlo algunas semanas después ha supuesto la entrada en una nueva fase del conflicto. Hasta entonces la situación podía describirse, simplificando mucho las cosas, según los siguientes parámetros. La legislación internacional no se aplicaba, algo que no es nada nuevo por otro lado pues podríamos dar infinidad de ejemplos en otras latitudes del mundo; el papel de la ONU venía teniendo una visibilidad escasa, con una Misión sobre el terreno que hace poco, la MINURSO, sobre todo si la comparamos con otras misiones desplegadas en otros lugares del planeta, y con un Consejo de Seguridad que le viene renovando periódicamente el Mandato pero sin tratar de apostar por fórmulas imaginativas que puedan desbloquear la situación; el Frente Emisario trata de arañar más y más reconocimientos internacionales para la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, y exige la celebración del referéndum de autodeterminación en su día prometido; y, finalmente, el Reino de Marruecos se afana por consolidar la ocupación del territorio tratando de contrarrestar al Polisario y ofreciendo últimamente un plan de autonomía como herramienta jurídica, aunque de derecho interno marroquí, para lograrlo.
Mientras todo esto ocurre, y estamos hablando de dos décadas de bloqueo y de casi quince años previos de guerra convencional, la situación sobre el terreno ha ido cambiando en términos humanos. Marruecos ha colonizado desde el año 1976 el territorio con colonos marroquíes y ha tratado de atraerse a saharauis. Todo ello le ha costado mucho tanto en términos económicos como de compriso político y militar pero el problema es que con la acumulación de generaciones que, todas ellas, quieren ver definido su futuro en términos de avance, lo que Marruecos ofrece es cada vez menos atractivo. De todo ello se deduce que el desaliento crece, y no sólo entre los saharauis de la diáspora que ven que Marruecos no cede y que el Frente Polisario no logra avances relevantes, sino también entre la población del territorio, donde empiezan a crecer las desigualdades entre unos y otros dentro de la población que, en principio, aprueba el escenario de ocupación marroquí.
Los brotes de violencia han sido calificados desde distintas posiciones de Intifada, y podríamos afirmar que tienen algo en común con la Primera Intifada palestina, la de diciembre de 1987, sobre todo su carácter espontáneo, de protesta no sólo contra Marruecos sino contra la situación en sí entendida en términos globales. El uso de la fuerza por Marruecos podrá apagar este estallido pero no acabará con la insatisfacción. Ahora que el bloqueo sigue siendo frustrante, y que además se adereza con violencia, no está de más recordar que en 2003 se habían logrado importantes avances diplomáticos para intentar desbloquear la situación con el llamado Plan Baker Modificado.
Este texto, que Marruecos rechazó entonces, ya recogía la posibilidad de una autonomía pero no como fin último sino como fase transitoria hasta llegar a un momento en el que se celebraría el referéndum de autodeterminación. Si tal Plan u otro similar pudiera ser recuperado, y esto es altamente improbable dada la posición marroquí, ese quinquenio de autonomía podría servir para que Marruecos se esmerara en conseguir convencer a la población saharaui originaria, que en su inmensa mayoría está en el exilio, de que ofrece algo aceptable, y permitiría al Frente Polisario poder poner en aplicación su modelo de Estado en términos de concurrencia. Todo ello requeriría, siempre que las partes en conflicto lo aceptaran, de un fuerte compromiso internacional para proteger el proceso y permitir que fuera limpio y equilibrado. Lo cierto es que asumimos que es mucho pedir, pero estamos en un momento en el que, aparte de inventariar el deterioro progresivo de la situación, debemos de hacer esfuerzos si queremos vislumbrar una salida constructiva al mismo.
El 30 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU votaba por unanimidad la renovación por un año, hasta el 30 de abril de 2011, del Mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Con ello se mantiene el statu quo vigente desde 1991 hasta la fecha y la Organización universal asume, de facto, su incapacidad para resolver un conflicto antiguo y aparentemente irresoluble, al menos en lo que a lo establecido por la ONU respecta. Recordemos cómo la dimisión de James Baker III, en junio de 2004, de su puesto de Enviado Especial del Secretario General de la ONU para este conflicto, tras ingentes esfuerzos hechos por este mediador de talla y con gran carisma, demostraba lo difícil de la tarea.
Tras el Informe preparado por el llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, y que incluye a España, los EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia, y tras el Informe preparado por el propio Secretario General, Ban ki Moon, y sin incluir ninguno nada novedoso, el órgano ejecutivo de la ONU optaba por lo más fácil: renovar el Mandato, es decir, retrasar en el tiempo aquello que no se es capaz de resolver. Decimos nada novedoso porque ni se ampliaba el Mandato de la MINURSO a la supervisión de los derechos humanos en la antigua colonia española, como algunos pretendían, ni se hablaba de la celebración del prometido referéndum de autodeterminación, ni se posiciona con respecto al plan de autonomía presentado por Marruecos. Hecho público el 11 de abril de 2007 el plan marroquí pretende confirmar la situación de facto de su ocupación del Sáhara Occidental. Bien recibida e incluso apoyada claramente por Francia, esta iniciativa comienza a atraer o los otros Estados occidentales involucrados en el asunto pero no así a Argelia ni por supuesto al Frente Polisario.
Marruecos ha pretendido que este fuera desde 2007 el único punto en el orden del día de sus reuniones con la ONU, con el Grupo de Amigos citado o con el propio Polisario, con Argelia y con Mauritania en las reuniones mantenidas en suelo estadounidense. Argumenta además Rabat que en su plan de autonomía se consultará además a la población del territorio, queriendo con ello desterrar para siempre la idea de un referéndum. Sería por supuesto una consulta sectorial, confirmatoria de la marroquinidad del Sáhara y en el contexto de una autonomía muy limitada.
Mientras todo esto ocurre el conflicto no resuelto del Sáhara Occidental sigue siendo algo marginal a los ojos de la Comunidad Internacional, pero tiene y seguirá teniendo un impacto negativo en el contexto subregional en el que se ubica. Aunque Marruecos se siente apoyado por sus principales socios occidentales y los buenos resultados económicos del último año le permiten ocultar los costes que para la economía nacional implica, la ocupación de este territorio entorpece cualquier avance en términos de integración regional. También conlleva desafíos internos, como la huelga de hambre de seis presos saharauis encarcelados en cárceles marroquíes que exigen ser juzgados y cuya situación provoca protestas dentro y fuera del Reino, incluso entre los saharauis que han acabado aceptando la fórmula marroquí de la autonomía. Por todo ello es importante considerar a este conflicto como una asignatura pendiente, que pone en entredicho el normal funcionamiento de la Comunidad Internacional junto con los sacrificios humanos y materiales que ha conllevado y que conlleva.
El problema saharaui es uno de esos conflictos no resueltos durante años, que permanece latente hasta que algún nuevo episodio lo pone patente, siendo entonces como ahora cuando la prensa internacional denuncia hechos como los del ataque marroquí al campamento, y la subsiguiente situación de disturbios y sitio a la ciudad de El Aaiun.
Este conflicto, además se vive con cierto grado de intensidad en España, pues no en vano, nuestro país formó parte del mismo hasta el abandono, por “descolonización súbita”, o mejor dicho relevo en la misma por Marruecos, tras forzar el episodio de la Marcha Verde, en los “estertores” del régimen franquista, y sobre el que se tienen una “mala conciencia social” de cómo se hicieron las cosas.
Pero hemos de recordar que entonces, España era atacada por el Frente Polisario, bajo auspicio de Argelia, que infligió numerosas bajas de españoles, incluidos ataques a pesqueros que faenaban en las aguas del banco saharaui. Y por otro lado, no podemos olvidar la hostil acción marroquí forzando con la Marcha Verde una confrontación, que podría haber traído consigo una guerra a tres bandas (España –potencia colonial-, Marruecos –que lo pretendía- y Argelia –ocultándose en el Polisario-), desestabilizando el área saharaui y mediterráneo occidental, de tan elevado interés estratégico para nuestro país. Que por otra parte, habría de cerrar el proceso de descolonización llevado a cabo en África, a mitad del S. XX, con lo que tenía más que perder que ganar en el caso de seguir adelante con el conflicto.
Por consiguiente, se tomó la mejor de las opciones para el interés de España, si bien por la situación interna española, y la presión de los agentes en conflicto en la zona, se hizo una dejación de las habituales funciones que asumía la potencia colonial con los territorios coloniales en todo proceso de descolonización, si bien arteramente encargó de esa responsabilidad a la ONU, que la asumió, pero no la ejerció, por más que se haya apelado al proceso de descolonización del Sáhara a través del conocido referéndum de Naciones Unidas, que no se ha llegado a realizar, pues con el transcurso del tiempo, los datos censales han podido ser sustancialmente modificados a favor de Marruecos, actual ocupante.
De manera que España testimonialmente puede manifestarse a favor de dicho proceso, como parte que intervino en la zona, pero sin embargo los actuales intereses españoles no pasan necesariamente por avalar la posición de un Polisario que cuando era la potencia ocupante le resultó beligerante, como tampoco con Marruecos que fue el vecino desleal aprovechado de las circunstancias para granjearse nuevos intereses políticos, económicos y territoriales. Por consiguiente, no es mala la salida española de señalar a la ONU como responsable de tutorizar dicho proceso.
Pero apelar a la ONU, tiene una clara connotación de intereses estadounidenses – o al menos que no se perjudiquen-, por consiguiente la ONU ha ido tomando distancia física y temporal del problema, y de hecho Marruecos ha sido la que se ha salido con la suya, pese a la resistencia de la población saharaui, al parecer mermada y dividida, ante un Polisario radicalizado que parece acoger las nuevas tesis islamistas, que en la actualidad molestan hasta al mismo Estado argelino que le apoyaba. Por consiguiente, el problema se ha agravado dado el peligro de propagación islamista de la zona, que no interesa ni a Argelia, ni a Marruecos, ni a España, ni por supuesto a EEUU.
Motivo por el cual la lógica geopolítica, ante una probable generación de un Estado Saharaui fallido, que pudiera ser base del terrorismo islámico sobre la zona, que podría llegar a desestabilizar a los países circundantes, e incluso África central y el Mediterráneo Occidental, parece aconsejar no asumir riesgos y mantener el statu quo de la zona bajo control marroquí, país que además tiene un alto grado de occidentalización con sus matices.
Consiguientemente, es muy loable defender los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui, incluso la condena del uso excesivo de la fuerza represiva contra los insurgentes. Pero por puro realismo político, que es lo que rige en política internacional, lo aconsejable va de la mano de los intereses de los países de la zona y de su estabilidad. Hecho que determina, en definitiva, la misma actuación de Naciones Unidas.
La tensión ha acabado produciendo un desbordamiento de la violencia en el Sáhara Occidental, un territorio cuyo estatuto definitivo está aún por definir aunque la Comunidad Internacional muestra desde hace casi dos décadas una escasa voluntad de lograrlo.
El surgimiento de un campamento de protesta en las proximidades de El Aaiún, la capital del territorio, y la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes para desmontarlo algunas semanas después ha supuesto la entrada en una nueva fase del conflicto. Hasta entonces la situación podía describirse, simplificando mucho las cosas, según los siguientes parámetros. La legislación internacional no se aplicaba, algo que no es nada nuevo por otro lado pues podríamos dar infinidad de ejemplos en otras latitudes del mundo; el papel de la ONU venía teniendo una visibilidad escasa, con una Misión sobre el terreno que hace poco, la MINURSO, sobre todo si la comparamos con otras misiones desplegadas en otros lugares del planeta, y con un Consejo de Seguridad que le viene renovando periódicamente el Mandato pero sin tratar de apostar por fórmulas imaginativas que puedan desbloquear la situación; el Frente Emisario trata de arañar más y más reconocimientos internacionales para la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, y exige la celebración del referéndum de autodeterminación en su día prometido; y, finalmente, el Reino de Marruecos se afana por consolidar la ocupación del territorio tratando de contrarrestar al Polisario y ofreciendo últimamente un plan de autonomía como herramienta jurídica, aunque de derecho interno marroquí, para lograrlo.
Mientras todo esto ocurre, y estamos hablando de dos décadas de bloqueo y de casi quince años previos de guerra convencional, la situación sobre el terreno ha ido cambiando en términos humanos. Marruecos ha colonizado desde el año 1976 el territorio con colonos marroquíes y ha tratado de atraerse a saharauis. Todo ello le ha costado mucho tanto en términos económicos como de compriso político y militar pero el problema es que con la acumulación de generaciones que, todas ellas, quieren ver definido su futuro en términos de avance, lo que Marruecos ofrece es cada vez menos atractivo. De todo ello se deduce que el desaliento crece, y no sólo entre los saharauis de la diáspora que ven que Marruecos no cede y que el Frente Polisario no logra avances relevantes, sino también entre la población del territorio, donde empiezan a crecer las desigualdades entre unos y otros dentro de la población que, en principio, aprueba el escenario de ocupación marroquí.
Los brotes de violencia han sido calificados desde distintas posiciones de Intifada, y podríamos afirmar que tienen algo en común con la Primera Intifada palestina, la de diciembre de 1987, sobre todo su carácter espontáneo, de protesta no sólo contra Marruecos sino contra la situación en sí entendida en términos globales. El uso de la fuerza por Marruecos podrá apagar este estallido pero no acabará con la insatisfacción. Ahora que el bloqueo sigue siendo frustrante, y que además se adereza con violencia, no está de más recordar que en 2003 se habían logrado importantes avances diplomáticos para intentar desbloquear la situación con el llamado Plan Baker Modificado.
Este texto, que Marruecos rechazó entonces, ya recogía la posibilidad de una autonomía pero no como fin último sino como fase transitoria hasta llegar a un momento en el que se celebraría el referéndum de autodeterminación. Si tal Plan u otro similar pudiera ser recuperado, y esto es altamente improbable dada la posición marroquí, ese quinquenio de autonomía podría servir para que Marruecos se esmerara en conseguir convencer a la población saharaui originaria, que en su inmensa mayoría está en el exilio, de que ofrece algo aceptable, y permitiría al Frente Polisario poder poner en aplicación su modelo de Estado en términos de concurrencia. Todo ello requeriría, siempre que las partes en conflicto lo aceptaran, de un fuerte compromiso internacional para proteger el proceso y permitir que fuera limpio y equilibrado. Lo cierto es que asumimos que es mucho pedir, pero estamos en un momento en el que, aparte de inventariar el deterioro progresivo de la situación, debemos de hacer esfuerzos si queremos vislumbrar una salida constructiva al mismo.
El 30 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU votaba por unanimidad la renovación por un año, hasta el 30 de abril de 2011, del Mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Con ello se mantiene el statu quo vigente desde 1991 hasta la fecha y la Organización universal asume, de facto, su incapacidad para resolver un conflicto antiguo y aparentemente irresoluble, al menos en lo que a lo establecido por la ONU respecta. Recordemos cómo la dimisión de James Baker III, en junio de 2004, de su puesto de Enviado Especial del Secretario General de la ONU para este conflicto, tras ingentes esfuerzos hechos por este mediador de talla y con gran carisma, demostraba lo difícil de la tarea.
Tras el Informe preparado por el llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, y que incluye a España, los EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia, y tras el Informe preparado por el propio Secretario General, Ban ki Moon, y sin incluir ninguno nada novedoso, el órgano ejecutivo de la ONU optaba por lo más fácil: renovar el Mandato, es decir, retrasar en el tiempo aquello que no se es capaz de resolver. Decimos nada novedoso porque ni se ampliaba el Mandato de la MINURSO a la supervisión de los derechos humanos en la antigua colonia española, como algunos pretendían, ni se hablaba de la celebración del prometido referéndum de autodeterminación, ni se posiciona con respecto al plan de autonomía presentado por Marruecos. Hecho público el 11 de abril de 2007 el plan marroquí pretende confirmar la situación de facto de su ocupación del Sáhara Occidental. Bien recibida e incluso apoyada claramente por Francia, esta iniciativa comienza a atraer o los otros Estados occidentales involucrados en el asunto pero no así a Argelia ni por supuesto al Frente Polisario.
Marruecos ha pretendido que este fuera desde 2007 el único punto en el orden del día de sus reuniones con la ONU, con el Grupo de Amigos citado o con el propio Polisario, con Argelia y con Mauritania en las reuniones mantenidas en suelo estadounidense. Argumenta además Rabat que en su plan de autonomía se consultará además a la población del territorio, queriendo con ello desterrar para siempre la idea de un referéndum. Sería por supuesto una consulta sectorial, confirmatoria de la marroquinidad del Sáhara y en el contexto de una autonomía muy limitada.
Mientras todo esto ocurre el conflicto no resuelto del Sáhara Occidental sigue siendo algo marginal a los ojos de la Comunidad Internacional, pero tiene y seguirá teniendo un impacto negativo en el contexto subregional en el que se ubica. Aunque Marruecos se siente apoyado por sus principales socios occidentales y los buenos resultados económicos del último año le permiten ocultar los costes que para la economía nacional implica, la ocupación de este territorio entorpece cualquier avance en términos de integración regional. También conlleva desafíos internos, como la huelga de hambre de seis presos saharauis encarcelados en cárceles marroquíes que exigen ser juzgados y cuya situación provoca protestas dentro y fuera del Reino, incluso entre los saharauis que han acabado aceptando la fórmula marroquí de la autonomía. Por todo ello es importante considerar a este conflicto como una asignatura pendiente, que pone en entredicho el normal funcionamiento de la Comunidad Internacional junto con los sacrificios humanos y materiales que ha conllevado y que conlleva.
El problema saharaui es uno de esos conflictos no resueltos durante años, que permanece latente hasta que algún nuevo episodio lo pone patente, siendo entonces como ahora cuando la prensa internacional denuncia hechos como los del ataque marroquí al campamento, y la subsiguiente situación de disturbios y sitio a la ciudad de El Aaiun.
Este conflicto, además se vive con cierto grado de intensidad en España, pues no en vano, nuestro país formó parte del mismo hasta el abandono, por “descolonización súbita”, o mejor dicho relevo en la misma por Marruecos, tras forzar el episodio de la Marcha Verde, en los “estertores” del régimen franquista, y sobre el que se tienen una “mala conciencia social” de cómo se hicieron las cosas.
Pero hemos de recordar que entonces, España era atacada por el Frente Polisario, bajo auspicio de Argelia, que infligió numerosas bajas de españoles, incluidos ataques a pesqueros que faenaban en las aguas del banco saharaui. Y por otro lado, no podemos olvidar la hostil acción marroquí forzando con la Marcha Verde una confrontación, que podría haber traído consigo una guerra a tres bandas (España –potencia colonial-, Marruecos –que lo pretendía- y Argelia –ocultándose en el Polisario-), desestabilizando el área saharaui y mediterráneo occidental, de tan elevado interés estratégico para nuestro país. Que por otra parte, habría de cerrar el proceso de descolonización llevado a cabo en África, a mitad del S. XX, con lo que tenía más que perder que ganar en el caso de seguir adelante con el conflicto.
Por consiguiente, se tomó la mejor de las opciones para el interés de España, si bien por la situación interna española, y la presión de los agentes en conflicto en la zona, se hizo una dejación de las habituales funciones que asumía la potencia colonial con los territorios coloniales en todo proceso de descolonización, si bien arteramente encargó de esa responsabilidad a la ONU, que la asumió, pero no la ejerció, por más que se haya apelado al proceso de descolonización del Sáhara a través del conocido referéndum de Naciones Unidas, que no se ha llegado a realizar, pues con el transcurso del tiempo, los datos censales han podido ser sustancialmente modificados a favor de Marruecos, actual ocupante.
De manera que España testimonialmente puede manifestarse a favor de dicho proceso, como parte que intervino en la zona, pero sin embargo los actuales intereses españoles no pasan necesariamente por avalar la posición de un Polisario que cuando era la potencia ocupante le resultó beligerante, como tampoco con Marruecos que fue el vecino desleal aprovechado de las circunstancias para granjearse nuevos intereses políticos, económicos y territoriales. Por consiguiente, no es mala la salida española de señalar a la ONU como responsable de tutorizar dicho proceso.
Pero apelar a la ONU, tiene una clara connotación de intereses estadounidenses – o al menos que no se perjudiquen-, por consiguiente la ONU ha ido tomando distancia física y temporal del problema, y de hecho Marruecos ha sido la que se ha salido con la suya, pese a la resistencia de la población saharaui, al parecer mermada y dividida, ante un Polisario radicalizado que parece acoger las nuevas tesis islamistas, que en la actualidad molestan hasta al mismo Estado argelino que le apoyaba. Por consiguiente, el problema se ha agravado dado el peligro de propagación islamista de la zona, que no interesa ni a Argelia, ni a Marruecos, ni a España, ni por supuesto a EEUU.
Motivo por el cual la lógica geopolítica, ante una probable generación de un Estado Saharaui fallido, que pudiera ser base del terrorismo islámico sobre la zona, que podría llegar a desestabilizar a los países circundantes, e incluso África central y el Mediterráneo Occidental, parece aconsejar no asumir riesgos y mantener el statu quo de la zona bajo control marroquí, país que además tiene un alto grado de occidentalización con sus matices.
Consiguientemente, es muy loable defender los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui, incluso la condena del uso excesivo de la fuerza represiva contra los insurgentes. Pero por puro realismo político, que es lo que rige en política internacional, lo aconsejable va de la mano de los intereses de los países de la zona y de su estabilidad. Hecho que determina, en definitiva, la misma actuación de Naciones Unidas.
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